El Decreto Ley 34/2020: qué es y qué objetivo tiene

No cabe duda de que la pandemia del coronavirus está siendo devastadora y tiene unas consecuencias económicas negativas a nivel nacional con lo que las autoridades competentes han tenido que tomar medidas para lidiar con la situación actual.

Así pues, el pasado jueves 22 de octubre entró en vigor el “Decreto Ley 34/2020 de la Generalitat de Catalunya de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados” . Dicha norma apareció después de que el Gobierno catalán suspendiera el desarrollo de actividades o restringiera el aprovechamiento material de bienes inmuebles arrendados para la realización de actividades comerciales e industriales.

A través de dicho Decreto Ley, por tanto, en aquellos contratos suscritos a partir del 1 de enero de 1995 la parte arrendataria tiene derecho a requerir de la parte arrendadora una renegociación de los términos y modificación de las condiciones del contrato, lo cual se puede solicitar a través de un burofax o bien de otra forma fehaciente. De esta manera, pretenden restablecer el equilibrio de las prestaciones, ofreciendo la posibilidad de reducir el importe del alquiler así como otros gastos que van a cargo del arrendatario para poder evitar el cierre de empresas, así como la destrucción de varios puestos de trabajo. En algunos casos puntuales, además, les permite renunciar al contrato sin penalización alguna. Ambas partes contaran con el plazo de un mes, a partir del requerimiento, para llegar a un acuerdo de la modificación del contrato.

Ahora bien, en caso de desacuerdo, el Decreto prevé la aplicación de las siguientes reglas:

  1. En caso de suspensión de la actividad: la renta y otras cantidades debidas deberán reducirse en un 50% respecto de las vigentes mientras dure la medida de suspensión.
  2. En caso de restricción parcial: la renta y otras cantidades debidas deberán reducirse, mientras duren las medidas de restricción, en una proporción igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento del inmueble, medida objetivamente por la reducción de aforo o de horarios o por otras limitaciones impuestas por la norma.
  3. La prestación de servicios de entrega a domicilio o de recogida de productos en el establecimiento no afecta a la aplicación de las reducciones previstas por el decreto.
  4. El Arrendatario puede exigir al Arrendador que impute total o parcialmente a la obligación de pagar las referidas rentas y otras cantidades debidas vencidas, todas las cantidades que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, excluidas la fianza legal obligatoria y otras garantías depositadas en el organismo oficial competente. El Arrendatario deberá reintegrar dichas garantías en el plazo de 1 año desde la desaparición de las circunstancias de suspensión o restricción, y, en todo caso, antes de la finalización del contrato si su plazo de duración es inferior.
  5. En caso de que las medidas descritas se prolonguen más de 3 meses en el transcurso de 1 año a contar desde la entrada en vigor de esta norma, el Arrendatario puede optar por desistir del contrato sin penalización a partir del momento en que ocurra esta circunstancia, mientras se mantenga y hasta tres meses después del cese completo de las medidas, siempre que lo notifique de forma fehaciente al Arrendador con 1 mes de antelación.
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